Municipios ¡En quiebra?...

La escasa captación tributaria y la caída en los ingresos petroleros anunciada desde mayo pasado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha impactado a por lo menos 95% de las 2 mil 435 alcaldías que existen en el país, de acuerdo con informes de los gobiernos estatales.

La crisis financiera por la que atraviesan los ayuntamientos obligó a muchos de ellos a suspender la seguridad pública y la recolección de basura, y a otros más a decretar reducciones salariales, despidos masivos y suspensión de obra pública.

Durante los primeros seis meses del año, las entidades federativas y el Distrito Federal vieron reducir las aportaciones en 21.3% respecto al mismo periodo de 2008. En términos reales, eso equivale a un recorte de 49 mil millones de pesos, señalan cifras de la SHCP.
Los efectos de ese desplome se han magnificado también por el esquema que rige el ejercicio del dinero público, afirma Saúl Arella, director de investigaciones del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS).

“El instrumento de planeación para los municipios ha sido el Presupuesto de Egresos y no la Ley de Ingresos, que es lo que les permitiría saber con cuánto están contando y desde luego haber previsto los efectos de esta crisis. Ahora ya traen obra comprometida, cuentas por pagar a proveedores y se les está cayendo la capacidad de recaudación local”, explica.
En los municipios, sobre todo los pequeños y pobres, las consecuencias de ello llevan a sus alcaldes a condiciones de angustia, como demandar un rescate financiero para no caer en rebeldía.
“Si en dos semanas no recibimos una respuesta tendremos que salir a las calles a manifestarnos”, advierte Cuauhtémoc Calderón Galván, presidente de Zacatecas y de la Asociación de Alcaldes de Acción Nacional (ANAC).
Los reportes llegan de casi todos los rincones del país. Cuerpos de seguridad pública paralizados por falta de combustible, trabajadores de limpia en huelga por ausencia de pagos; recortes en salarios, despidos en masa y cierre temporal de oficinas públicas. De 2 mil 435 alcaldías que existen en México, 95% está al borde del colapso financiero, según la Conferencia Nacional de Municipios de México (Conamm).
Al cierre del primer semestre de 2009, las entidades federativas y el Distrito Federal registraron una caída de 21.3% en participaciones federales, respecto al mismo periodo de 2008. Ello significó un recorte real de 49 mil 214 millones de pesos, de acuerdo con informes de la Secretaría de Hacienda.

Las participaciones entre enero y junio de 2008 ascendieron a 230 mil 961 millones de pesos. Este año apenas llegan a 181 mil 746 millones, situación que podría empeorar, de confirmarse la previsión del secretario de Hacienda, Agustín Carstens, de que para finales de 2009 la recaudación registrará una pérdida de 450 mil millones de pesos.
Las finanzas en cada uno de los gobiernos locales entraron en fase crítica. No solamente se les recortó en 27% el Fondo General de Participaciones y el de Fomento Municipal, también los ingresos por participación de beneficios petroleros disminuyeron 50%.
Ante este escenario, José Luis Gutiérrez Cureño, alcalde de Ecatepec de Morelos y presidente de la Asociación de Autoridades Locales de México (AALMAC), advierte que los municipios son “sometidos por los gobiernos estatales y federal a la inanición financiera”. La carga de la crisis se transfirió a los ayuntamientos, asegura. “Sin blindar las economías locales, estos recortes nos llevaron a la parálisis en las acciones de gobierno y en la realización de obra pública”.

Carecen de liquidez
Presidentes municipales de la zona conurbada del valle de México, consultados por EL UNIVERSAL, señalan que la parte más aguda de la crisis empezó, para ellos, a mediados del año pasado, a consecuencia de la caída del precio del petróleo. En 2008, la mezcla mexicana se vendió hasta en 86 dólares, mientras que en julio pasado el costo apenas rebasó los 60 dólares por barril. Sin embargo, la falta de recursos para el gasto corriente de los gobiernos locales tiene su origen en la caída de la recaudación fiscal.
La situación es crítica por falta de liquidez inmediata. “No tenemos recursos del gasto corriente y por eso en la mayoría de los municipios del país no hay dinero para pagar la nómina de la primera quincena de agosto”, revela José Luis Gutiérrez Cureño.
Las administraciones municipales no tienen recursos para comprar gasolina para los camiones recolectores de basura, ni para las patrullas.

Rubén Fernández, director ejecutivo de la Asociación de Municipios de México, AC (AMMAC), considera que lo de menos sería cerrar los ayuntamientos y dejar de atender al público para evitar gastos. “La seguridad pública y la limpieza de las calles, por ejemplo, son servicios que no se pueden paralizar porque las consecuencias serían muy graves”, indica.
Las administraciones municipales aseguran que ya se gastaron la recaudación del año. “Es el único recurso del que disponemos para tapar los huecos que nos ha dejado la falta de ingresos federales”, señala el alcalde de Ecatepec de Morelos, cuya deuda con la banca comercial, asegura, asciende a 572 millones de pesos.

En la cresta de la ola
La debacle, sin embargo, tiene otra explicación, más allá de los indicadores adversos. El factor de fondo, refiere el director del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS), Saúl Arellano, es estructural.
“Citemos el caso de Guanajuato, que es paradigmático de lo que pasa en otras entidades, en donde los gobiernos estatales tienen mucho control sobre los ayuntamientos, porque estamos hablando de que la incapacidad de los municipios de planear y ejecutar sus propias obras depende del tutelaje de los gobernadores”, dice.
Uno de los municipios de Guanajuato, Romita, fue el primero en declararse sin fondos, a principios de julio, y paralizó debido a ello, la prestación de servicios públicos. Desde entonces, casos similares se vieron en otros estados, en donde los ayuntamientos se condujeron irresponsablemente en el manejo de sus finanzas, según Arellano.

“El instrumento de planeación para los municipios ha sido el Presupuesto de Egresos y no la Ley de Ingresos, que es lo que les permitiría saber con cuánto están contando y desde luego haber previsto los efectos de esta crisis”, explica. “Ahora ya traen obra comprometida del gobierno del estado, cuentas por pagar a proveedores y se les está cayendo la capacidad de recaudación”.
La combinación de tales factores se ha recrudecido con los recortes aplicados por el gobierno federal a la mayoría de estados.

Siempre el centralismo
Por ejemplo, el gobierno de Guerrero informó que dejó de recibir mil millones de pesos en participaciones federales durante los primeros seis meses de 2009. La estimación oficial es que, a final del año, la cifra crecerá a mil 900 millones de pesos. Un plan de austeridad anunciado por el gobernador Zeferino Torreblanca les permitirá ahorrar apenas 320 millones de pesos.
Las finanzas cerrarán peor debido a la pobre capacidad recaudatoria. De mil 300 millones de pesos que pretendían captar este año, se han logrado 500 millones en el primer semestre, informa la Secretaría de Finanzas de Guerrero.
La realidad de Guerrero es similar en otros estados del país. La causa, dice el senador Ramón Galindo, presidente de la Comisión para el Desarrollo Municipal, radica en la actual relación tributaria, que vuelve a estados y municipios extraordinariamente dependientes del gobierno central.

“Los estados dependen en 90% de sus ingresos del gobierno federal y los municipios 80%, que es contrario a la lógica que se tiene en otros países. El problema es de fondo y tiene que ver con un centralismo tanto político como tributario, presupuestal, que ha hecho dependientes a las comunidades municipales, al grado de enfrentar un bajísimo nivel de vida”, declara el legislador.
El anuncio de un recorte adicional al presupuesto por 50 mil millones de pesos, hecho por la SHCP el 23 de julio, debido principalmente a la caída en los ingresos petroleros y la baja recaudación, acrecentó la zozobra de los gobiernos regionales. Para aligerar la carga, Hacienda instrumentó una serie de ajustes presupuestales, entre ellos 66 mil millones de pesos al gasto corriente, en el que van los subsidios, ayudas extraordinarias y transferencias a las entidades federativas.

Específicamente en el gasto corriente, la Secretaría de Hacienda pretende que las dependencias reduzcan 14.6 mil millones su gasto administrativo; 15.2 mil millones gastos de operación, 20.8 mil millones los servicios personales (sueldos a burócratas) y 15 mil millones los subsidios no asociados al combate a la pobreza.

Apretarse el cinturón
La calificadora financiera Standard and Poor’s considera que ante el incierto escenario económico para el segundo semestre de 2009 y el ejercicio de 2010, los gobiernos locales tendrán que ajustar sus gastos. Luis Manuel Martínez, director de estados y municipios de esta empresa, opina que la compleja situación financiera de las entidades podría “poner a prueba su calidad crediticia en los próximos meses”.
De acuerdo con sus estimaciones, las administraciones estatales y municipales tendrán que diseñar “presupuestos muy conservadores”. La recuperación va a ser lenta. Ante eso sería difícil pensar que los gobiernos continúen con un ritmo de crecimiento en el gasto. “Observamos que el enfoque es atender la problemática de corto plazo. Los proyectos de endeudamiento o de desarrollo de cinco a 10 años dejaron de ser prioridad, por ahora”, señala Luis Manuel Martínez.
Cristian Rodallegas Hinojosa, secretario de Finanzas y Administración del gobierno del estado de Chihuahua, opina que para enfrentar la crisis financiera por la que atraviesa el país “hay que aprender a gastar”. Para el funcionario, la prioridad son los programas sociales: educación, salud, seguridad, procuración de justicia. “Tenemos que reducir las expectativas de gasto y deprimir el ritmo de crecimiento”.

Rodallegas Hinojosa indicó que, para paliar un poco los efectos de la crisis, se propuso a la SHCP la bursatilización de los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), cuyos recursos provienen del ahorro, en años pasados, de los excedentes petroleros, y tienen la finalidad de atender situaciones de contingencia financiera en los estados y municipios. “El próximo miércoles, el primer mandatario de Chihuahua, José Reyes Baeza, como coordinador de Hacienda de la Conferencia Nacional de Gobernadores, sabrá si se aceptó el proyecto”.

Rescate financiero, gritan alcaldes
Cuauhtémoc Calderón Galván, presidente municipal de Zacatecas y de la Asociación de Alcaldes de Acción Nacional (Anac), considera que la solución en el corto plazo es la creación de un fondo de rescate o una reasignación presupuestal por 50 mil millones de pesos. “Si en dos semanas no recibimos una respuesta, tendremos que salir a las calles a manifestarnos”, advierte.

Para el alcalde panista, el rescate es posible. “Ya se hizo en otras ocasiones con la banca comercial y la iniciativa privada”. Esta medida es urgente porque los municipios podrían entrar en colapso financiero o en paro técnico, lo que repercutiría en la administración a nivel nacional, insiste.
Y mientras el plazo se cumple, algunos municipios ya aplican medidas. En Monterrey se cancelaron programas culturales, de ciencia y tecnología, y deportivos. En Colima, la construcción de la cortina para la presa El Naranjo II fue suspendida, después de que estuvo el proyecto 35 años. En Tlalnepantla despedirán a 500 empleados, en tanto que otras localidades de Quintana Roo, San Luis Potosí, Guanajuato y el estado de México han tenido que contratar deuda para enfrentar el gasto corriente.