¿Qué necesita el país para crear los empleos que sus habitantes necesitan?
Según la iniciativa privada, lejos de la ineficiencia gubernamental para frenar la ola de violencia y garantizar la seguridad de sus habitantes y empresarios, o la nula inversión en el desarrollo tecnológico o científico, la falta de inovación o la calidad de la educación, el problema del país para genera empleos es la falta de “flexibilidad laboral”.
¿Flexibilidad?
Sí, Agustin Cartens, nos lo explica: “se necesita la flexibilización de contratación, pero también la flexibilización para despedir trabajadores, sin que sea tan costoso para la empresas”.
La Reforma Laboral presentada por Felipe Calderon al Congreso el pasado 1 de Septiembre y que habrá de tener una resolución oficial antes del 27 no es cosa nueva. Desde hace 25 años el sector empresarial ha buscado reformar la Ley Federal del Trabajo, “ajustarla” a las demandas de la modernidad, aumentar “la calidad y productividad” y reducir el poder de los sindicatos.
La CTM, el brazo obrero del PRI, lidereado durante décadas por Fidel Velázquez, fue el encargado de frenar cualquier modificación a la ley que pudiera afectar los derechos de los trabajadores, y su influencia, por supuesto.
En 1987, bajo el título de “nueva cultura laboral”, Carlos Abascal Carranza –aquel secretario de Estado del gobierno de Vicente Fox que censuró el libro “Aura”–, delineó los conceptos de esta reforma que a más de 25 años de distancia no ha sufrido grandes modificaciones: legalización deoutsoursing, flexibilidad laboral, transparencia de sindicatos, recorte de derecho a huelga, pago por hora y ampliación de contratos de prueba.
En general, la propuesta, modifica la relación obrero-patronal y busca facilitar la contratación con:
1) Contratos a prueba por 30 días
2) Contratos de capacitación (por tres meses)
3) Contratos por tiempo indeterminado discontinuos
4) Jornada semanal flexible
5) Días de descanso flexibles
6) Eliminación del escalafón ciego
Facilita la contratación sí, pero tambien abarata el despido, recorta los derechos sindicales, permite el outsorcing (subcontratación) y castiga a los trabajadores que decidan demandar a sus patrones: en caso de despido injustificado, la reforma autoriza que los empleadores sólo cubran el costo de un año de suledos caídos en juicios que llegan a durar hasta cinco o seis años.
La Reforma es compleja, sin duda, y también buscará acotar el poder de los sindicatos con modificaciones al derecho a huelga, prohibición al recorte automatico (mecanismo burocrático que permite deducciones automáticas al pago de los trabajadores para financiar el sindicato) y transparencia en el manejo de los recursos financieros de las organizaciones obreras.
Según sus defensores está diseñada para modificar un código legal que inhibe la productividad y es permisiva con los sindicatos. Pero al recortar derechos sindicales y conquistas laborales encontrará una ferrea oposición en las calles, donde las principales organizaciones obreras ya planean movilizaciones en su contra.
Su aprobación ya se negocia en los pasillos de San Lázaro, dicen las malas lenguas que PAN y PRI buscarán aprobarla en los próximos días pese a la oposición de acádemicos, organizaciones civiles y la izquierda. Sin lugar a dudas, se trata de una reforma necesaria, pero ¿cuál es la prisa por discutirla y aprobarla, antes de que termine el mandato de Calderon -quien cargaría con el peso política si es que se aprueba- cuando se trata de un tema trascendental en la vida de los trabajadores de este país?
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