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"Nada es más
fácil que tener buenas intenciones, pero sin un conocimiento de cómo funciona
la economía las buenas intenciones pueden llevar a consecuencias
desastrosas".
Thomas Sowell
¿Quién podría negarse a la lluvia de promesas generosas que hemos escuchado o leído en las primeras 72 horas del gobierno de Enrique Peña Nieto? Vea usted una lista parcial de lo que contiene el llamado Pacto por México:
Seguridad social universal, acceso universal a los servicios de salud, pensión universal para mayores de 65 años, seguro de desempleo, programa nacional de becas para educación media superior y universitaria, escuelas de tiempo completo, computadoras portátiles con conectividad para quinto y sexto de primaria, seguro de vida para jefas y jefes de familia, cobertura de 80 por ciento en educación media superior y 40 por ciento en educación superior, aumentos al número de becas a creadores.
Reparación de daños de víctimas de violaciones de derechos humanos, derecho a la banda ancha, inversión del 1 por ciento del PIB en ciencia y tecnología, reducción de la dependencia de combustibles fósiles, aumento en la exploración y producción de hidrocarburos, ampliación del crédito de la banca de desarrollo, más préstamos y más baratos de banca, pagos por servicios ambientales (por ejemplo, cuidado de bosques), reforma de los cuerpos de policías, implantación en todo el país del sistema de justicia acusatorio y oral, aplicación de un solo código penal y de procedimientos penales en todo el país, eliminación del hacinamiento en las cárceles.
El pacto es sumamente ambicioso. Se le pueden poner pocos peros a sus objetivos sustantivos. Por eso se logró que fuera firmado por los presidentes de los tres grandes partidos.
La gran pregunta es de dónde saldrá el dinero para financiar todas estas medidas, especialmente cuando el Presidente ha prometido establecer un objetivo de déficit cero en el presupuesto federal.
El propio pacto establece que para el logro de los compromisos es necesario "fortalecer la capacidad recaudatoria del Estado". Entre las propuestas para lograrlo se cuentan algunas que escuchamos cada sexenio, como mejorar la eficiencia recaudatoria, la simplificación en el pago de impuestos, la ampliación de la base de contribuyentes, el impulso al cobro del impuesto predial y la mejoría en la eficiencia y transparencia del gasto público.
El meollo, sin embargo, radica en la eliminación de los privilegios fiscales, especialmente en el régimen de consolidación fiscal y en el combate a la economía informal, así como en la revisión de los subsidios. Habrá, sin embargo, costos importantes en cada uno de estos propósitos. Modificar el trato fiscal a la consolidación generará un enfrentamiento con las grandes empresas. Reducir la economía informal provocará un conflicto con grupos de poder que están habituados a bloquear calles y carreteras. La revisión de los subsidios generará los enfrentamientos más complejos. Los grandes agricultores que se benefician del Procampo afirmarán que sin éste no podrán competir. Si se elimina el mayor subsidio de todos, el de los combustibles, que tiene un costo de cerca de 200 mil millones de pesos al año y que beneficia abrumadoramente a los más ricos, podría haber un riesgo a la estabilidad del régimen.
El presidente Peña Nieto dijo el 1o. de diciembre que tiene 2,191 días para cumplir con los ambiciosos compromisos. No será fácil. Si no se incrementa de manera significativa la recaudación, sin dañar la inversión, y no se racionaliza el gasto público, dedicando los subsidios a quienes los necesitan y no a quienes consumen más gasolina, no habrá forma de cumplir ni siquiera una parte. Hoy sólo quedan 2,188 días para lograrlo. (Sergio Sarmiento).
"Nada es más
fácil que tener buenas intenciones, pero sin un conocimiento de cómo funciona
la economía las buenas intenciones pueden llevar a consecuencias
desastrosas".Thomas Sowell
¿Quién podría negarse a la lluvia de promesas generosas que hemos escuchado o leído en las primeras 72 horas del gobierno de Enrique Peña Nieto? Vea usted una lista parcial de lo que contiene el llamado Pacto por México:
Seguridad social universal, acceso universal a los servicios de salud, pensión universal para mayores de 65 años, seguro de desempleo, programa nacional de becas para educación media superior y universitaria, escuelas de tiempo completo, computadoras portátiles con conectividad para quinto y sexto de primaria, seguro de vida para jefas y jefes de familia, cobertura de 80 por ciento en educación media superior y 40 por ciento en educación superior, aumentos al número de becas a creadores.
Reparación de daños de víctimas de violaciones de derechos humanos, derecho a la banda ancha, inversión del 1 por ciento del PIB en ciencia y tecnología, reducción de la dependencia de combustibles fósiles, aumento en la exploración y producción de hidrocarburos, ampliación del crédito de la banca de desarrollo, más préstamos y más baratos de banca, pagos por servicios ambientales (por ejemplo, cuidado de bosques), reforma de los cuerpos de policías, implantación en todo el país del sistema de justicia acusatorio y oral, aplicación de un solo código penal y de procedimientos penales en todo el país, eliminación del hacinamiento en las cárceles.
El pacto es sumamente ambicioso. Se le pueden poner pocos peros a sus objetivos sustantivos. Por eso se logró que fuera firmado por los presidentes de los tres grandes partidos.
La gran pregunta es de dónde saldrá el dinero para financiar todas estas medidas, especialmente cuando el Presidente ha prometido establecer un objetivo de déficit cero en el presupuesto federal.
El propio pacto establece que para el logro de los compromisos es necesario "fortalecer la capacidad recaudatoria del Estado". Entre las propuestas para lograrlo se cuentan algunas que escuchamos cada sexenio, como mejorar la eficiencia recaudatoria, la simplificación en el pago de impuestos, la ampliación de la base de contribuyentes, el impulso al cobro del impuesto predial y la mejoría en la eficiencia y transparencia del gasto público.
El meollo, sin embargo, radica en la eliminación de los privilegios fiscales, especialmente en el régimen de consolidación fiscal y en el combate a la economía informal, así como en la revisión de los subsidios. Habrá, sin embargo, costos importantes en cada uno de estos propósitos. Modificar el trato fiscal a la consolidación generará un enfrentamiento con las grandes empresas. Reducir la economía informal provocará un conflicto con grupos de poder que están habituados a bloquear calles y carreteras. La revisión de los subsidios generará los enfrentamientos más complejos. Los grandes agricultores que se benefician del Procampo afirmarán que sin éste no podrán competir. Si se elimina el mayor subsidio de todos, el de los combustibles, que tiene un costo de cerca de 200 mil millones de pesos al año y que beneficia abrumadoramente a los más ricos, podría haber un riesgo a la estabilidad del régimen.
El presidente Peña Nieto dijo el 1o. de diciembre que tiene 2,191 días para cumplir con los ambiciosos compromisos. No será fácil. Si no se incrementa de manera significativa la recaudación, sin dañar la inversión, y no se racionaliza el gasto público, dedicando los subsidios a quienes los necesitan y no a quienes consumen más gasolina, no habrá forma de cumplir ni siquiera una parte. Hoy sólo quedan 2,188 días para lograrlo. (Sergio Sarmiento).
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