Atrás de esa entrega de concesiones se esconde un jugoso negocio, ya que los pagos que se hacen “por abajo del agua” para la obtención de una concesión van de los 30 a los 200 mil pesos. Es decir, por los 40 permisos en cuestión podrían estar en juego cobros ilegales que oscilarían entre 1.2 y 8 millones de pesos.
Por el caso de las concesiones de la autopista México–Puebla, se puede suponer que paguen a un precio alto, ya que es una zona muy ambicionada por todos los transportistas, dado el alto flujo de pasaje que existe entre la capital y los municipios conectados por esa vía de comunicación.
Tal parece que Jiménez Aquino quiere aprovechar la confusión que siempre se genera en un cambio de gobierno para entregar varias concesiones –entre las que se incluyen las 40 de Tlaltenango y Xoxtla– y heredar a la siguiente administración el brete de determinar si son legales o no dichas autorizaciones.
Se sabe que el actual titular de la SCT, José Guadalupe Castillo Méndez, es hombre ordenado y respetuoso de la legalidad. El problema es que Lázaro Jiménez Aquino se maneja de manera autónoma, ya que por ser parte del grupo marinista siempre ha llevado su propia agenda de intereses al margen de los tres secretarios de Comunicaciones y Transportes con que le ha tocado lidiar.
El asunto de las 40 concesiones de San Miguel Xoxtla y Tlaltenango está tan avanzado que los interesados ya iniciaron los trámites ante financieras que otorgan créditos para le venta de vehículos de autobuses del transporte público.
La historia de este asunto de las concesiones de transporte entre San Miguel Xoxtla y Puebla, por medio de la autopista, se remonta a hace un lustro y es de la siguiente manera:
A principios de la década pasada y de la actual, había una empresa llamada Línea Transportistas de Xoxtla (los Blancos), la cual daba el servicio de transporte con placas del ámbito federal y para poder ofrecer el recorrido sobre la autopista México–Puebla, pero como si fuera una empresa local, decidió canjear sus concesiones federales por concesiones estatales, proceso que la ley permite.
La compañía Línea Transportistas de Xoxtla quebró y dio de baja sus concesiones a principio de la presente década.
Luego de esa quiebra, en 2005, surgió la persona moral Transportistas de San Miguel Xoxtla, que buscó cubrir el servicio que dejó de prestar Línea de Transportistas de Xoxtla.
Para la cual la nueva compañía integró un expediente ante la SCT –con el folio E752/2005– en el que pedía la obtención de 12 concesiones para transporte suburbano que contaría con igual número de autobuses, cada uno para 40 pasajeros que harían un recorrido de 28 kilómetros sobre la autopista y tendría el nombre de ruta Tlaltenango–San Miguel Xoxtla–Puebla y viceversa.
Curiosamente, el 11 de octubre de 2005 la SCT dictaminó que era procedente la entrega de concesiones a favor de Ubaldo Romero Fabián, quien era representante legal de Transportistas de San Miguel Xoxtla. En ese entonces la dependencia determinó que era viable porque nadie ofrecía el servicio entre Xoxtla y la capital, lo cual era mentira, ya que había 5 empresas de carácter federal, incluidas Estrella Roja y AU, brindando ese recorrido.
Ese nuevo proyecto de crear una empresa de transporte que brindara el servicio sobre la autopista México–Puebla se topó con la SCT federal, la cual determinó que Transportistas de San Miguel Xoxtla estaba imposibilitada de transitar por esa carretera por dos razones:
1. Porque no tenía concesiones federales que pudiera canjear por concesiones estatales, para ofrecer servicio suburbano sobre la autopista México–Puebla.
2. Con concesiones estatales de origen era imposible brindar el servicio en tramos de vías de comunicación del ámbito federal.
Los interesados en explotar esa ruta buscaron por la vía de un juicio de amparo para echar atrás la resolución en su contra, pero perdieron todo recurso legal de inconformidad. Mediante el oficio 4103/OCYSET/2005 la SCT estatal le comunicó al interesado que no se le podían otorgar las concesiones.
Y la SCT federal –ver documento 1– a través del oficio 6.20.304.042/08, firmado por el entonces delegado de esa dependencia, Daniel Ortiz Caso, le recordó a la SCT estatal, el 11 de febrero de 2008, que no podía otorgar las concesiones para la ruta Puebla-San Miguel Xoxtla, por no tener jurisdicción para entregar esos permisos en carreteras federales, como lo es la autopista que comunica a la Angelópolis con el Distrito Federal.
Con todo lo anterior lo único que quedaba era enterrar ese asunto. Sin embargo, contra toda lógica, el expediente para entregar concesiones para explotar el tramo entre Xoxtla y Puebla a través de la autopista sigue abierto. Y quien se ha encargado de mantenerlo abierto es Lázaro Jiménez Aquino.
Una prueba de lo anterior es que un concesionario pidió informes a la SCT el 14 de diciembre de 2009 sobre el asunto en cuestión, y el 5 de enero de este año la Dirección de Asuntos Jurídicos de la SCT le respondió –mediante el oficio III.9.57/ 2010–2– que esta área considera que se debe cerrar el trámite E–752/2005, que es el mismo de Transportistas de San Miguel Xoxtla.
El que no se haya abandonado ese trámite por parte de los concesionarios y la propia SCT es parte de la estrategia de Jiménez Aquino para intentar dar un albazo entregando las concesiones.
Y ese albazo ya tiene fecha: será en vacaciones, a finales de diciembre.
Por esa razón, el secretario de la SCT, José Guadalupe Castillo Méndez, debería revisar con lupa el trabajo de Lázaro Jiménez Aquino, ya que si se expiden esas concesiones, a los involucrados les podría costar la inhabilitación del servicio público.
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