Reglas del juego diseñadas a modo

Cuando la circunstancia es adversa, resulta natural el buscar minimizar los riesgos, costos o daños. Lo que no resulta lógico, dentro de un sistema llamado democrático, es que la mayoría legislativa de cualquier partido realice reformas a modo para preservar ciertos privilegios o evadir la rendición de cuentas. Sabedor de que la voluntad popular no le fue mayoritaria al PRI en las pasadas elecciones, Marín ha buscado, por medio de todo tipo de argucias legales, blindar su gobierno de la fiscalización.

Hasta el 14 de enero próximo, el Congreso del Estado estará conformado por una mayoría que, juzgado por los hechos, ha sido todo menos crítica. La mayoría condescendiente es aún mayor si tomamos en cuenta que existen diputados locales, tanto del PRD como del PT, que han sido, en exceso, colaboracionistas con el gobierno de Marín. De ahí que Marín no tenga obstáculos mayores para torcer las reglas del juego y sacar el mayor de los beneficios para su gobierno y partido.

A lo largo de todo su gobierno, diversos son los ejemplos en los que Marín ha impulsado cambios legislativos que buscan tener beneficios concretos para su grupo. No se legisla para la generalidad, los cambios de ley tienen destinatarios claros. Contrario a lo que la teoría de la justicia establece, el PRI en Puebla no ha legislado con los ojos vendados, lo ha hecho con absoluta claridad respecto a los beneficiarios de los cambios impulsados.

La lamentable tradición de la legislación “ad hominem” (que en latín significa dirigido a una persona) no es exclusiva a nuestro estado. En el Estado de México, el PRI dio nuevas muestras de cambios legislativos a modo. El Gobernador Enrique Peña Nieto impulsó modificaciones que dificultaran la construcción de coaliciones, sabedor de que la posibilidad de que PAN y PRD compitan unidos en ese estado es cada vez mayor. De igual forma, la mayoría priísta redujo el periodo de campaña de 90 a 45 días, buscando capitalizar la ventaja en las preferencias electorales con que cuenta el PRI, por el momento.

En nuestro estado, sin embargo, esta práctica ha sido habitual en este sexenio. En primer lugar, Marín buscó blindar sus cuentas públicas mediante un cambio en la ley que permitió que fuese la actual legislatura (simultánea a su mandato y con mayoría priísta) la que calificara el ejercicio del presupuesto durante su administración. Esta modificación rompe con el espíritu que la legislación original buscaba al evitar que los diputados que hubieran debido su designación al gobernador fueran quienes calificaran su cuenta pública.

Posteriormente, el actual gobierno buscó evitar la homologación del calendario electoral. Según la reciente normatividad federal, todas las elecciones locales habrán de converger en torno al primer domingo de julio de cada año, a fin de que los ciudadanos no padezcan la recurrente contaminación del debate público. El PRI, pensando que la elección en noviembre le habría de favorecer al inhibir la participación ciudadana (ya que Puebla estaría aislada del fervor electoral y probablemente habría mayor abstencionismo), buscó impedir esta medida y fue necesario recurrir a tribunales a fin de forzar que se adelantara la fecha de la elección – como finalmente sucedió.

La semana que recién culminó nos muestra una prueba más del uso particularista de la legislación. Marín impulsó hace algunos meses un cambio más, para que le fuera permitido el presentar su último informa por escrito y sin necesidad de acudir en persona al Congreso del Estado a rendir cuentas. Si bien no se trata de una modificación reciente, en los últimos días quedó claro que esa sería la estrategia marinista. El actual gobernador busca eludir su responsabilidad de rendir cuentas a la ciudadanía, al tiempo que se organiza un acto público para despedirse. A sabiendas de que la ciudadanía clama rendición de cuentas, Marín prefiere dar un mensaje ante un público controlado y previsiblemente adulador. Lo que olvida o elude con su actitud, es que el Congreso del Estado es quien representa la voluntad popular ante la cual el ejecutivo debe acudir a rendir cuentas.

La creciente sofisticación del electorado mexicano hace previsible que la ciudadanía identifique cada día con mayor claridad estas nocivas prácticas para nuestra democracia, por lo que estos factores serán cada vez más frecuentemente tomados en cuenta al momento de emitir su voto.